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PORTAL DE ONG: AVANZAMOS EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL
01/12/2016
Ante la inminente elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 (PGE17), la Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad recuerda al gobierno que los PGE17, que definen la política a seguir, deben tener como prioridad mantener y aumentar los derechos económicos y sociales de todas las personas, en particular las personas en riesgo de pobreza y exclusión. Por tanto, manifiesta su rechazo a los anunciados recortes para cumplir con el compromiso del objetivo de déficit, que supondrían un gran impacto negativo en las personas más vulnerables.
Los PGE17 se presentan en un contexto global marcado por la continuación de las medidas de austeridad, a pesar del reiterado anuncio de que hemos salido de la crisis. A todo esto se suma el aumento insostenible de la deuda pública, debido a años de inmorales rescates bancarios, inversiones en obras públicas inútiles y políticas fiscales injustas. Estas medidas están significando el aumento de personas privadas de derechos básicos como la alimentación, la salud o la educación en diferentes países de la UE, especialmente en España:
España, con el 9,2% de la población de la Unión Europea, contribuye con el 11% del total europeo de personas en situación de pobreza y exclusión. En España un total de 13.334.573 personas (un 28,6%) está en riesgo de pobreza y exclusión europeo (indicador AROPE). El 20% más pobre de la población española es el grupo que más renta ha perdido durante la crisis económica frente a las clases medias y altas.
España es el país que tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15, a pesar de que su PIB per cápita está ya en el 93% del promedio de la UE-15. En cambio, el gasto público social por habitante en España es sólo el 71% del promedio del gasto público social por habitante de la UE-15. El cumplimiento de un objetivo irracional de déficit impuesto por la Comisión Europea, y recogido en el Art. 135 de la Constitución española, no puede ser una excusa para recortar aún más los gastos sociales. Más aún cuando el propio presidente Juncker, así como el FMI y el Banco Mundial han reconocido la ineficacia de la austeridad para salir de la crisis y están proponiendo medidas de estímulo e inversión pública para intentar superarla
Otro argumento utilizado para justificar medidas de “austeridad”, para cumplir con el objetivo de déficit marcado por Bruselas, se apoya en el supuesto erróneo de que España y sus Comunidades Autónomas están gastando más de lo que pueden en el mantenimiento del Estado de Bienestar. Mientras tanto, los datos del Eurostat y los del Observatorio Social de España, muestra claramente que esto no es cierto.
La media europea de ingresos públicos alcanza un porcentaje del PIB superior al que tiene España y disponen de más capacidad de redistribución. La media de ingresos de las administraciones públicas en los países nórdicos es del 55% del PIB. En España, el 38%. Los Ingresos públicos en España hoy son iguales a los de 1995. Por lo que el Gasto Social en España, no es un problema de gasto excesivo, sino de falta de ingresos.
España es el tercer Estado con menos ingresos de la UE-15, sólo por encima de Irlanda y de Portugal. Como contraste, España tiene el mayor fraude fiscal y la mayor regresividad en su carga fiscal (es decir, las rentas más altas pagan proporcionalmente menos que el resto de la ciudadanía). Aunque el sistema fiscal español es técnicamente progresivo, las variadas formas que permiten y alientan la elusión fiscal de capitales privados y sociedades hacen que, en términos reales, el sistema sea regresivo.
En este contexto, la Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad urge al Gobierno de España a que tome medidas para elevar el capítulo de ingresos en los PGE17. Esta medida servirá para evitar que el costo del ajuste fiscal vuelva a ser pagado por las capas más vulnerables de la población española, especialmente afectadas por la pobreza energética e infantil. Como primera medida urgente, demandamos que se aumente la recaudación subiendo los tipos impositivos a las rentas altas, luchando contra la elevada economía sumergida, la alta evasión fiscal y los paraísos fiscales y estableciendo un impuesto a las transacciones financieras.
Como segunda medida urgente, solicitamos al gobierno y a los diferentes grupos parlamentarios que aumenten la inversión social hasta alcanzar, como mínimo, la media europea . El gasto social debe ser considerado como una apuesta a futuro y como un verdadero motor de la economía.
Los PGE17 deben incidir en la recuperación y aumento de inversiones sociales, y facilitar el aumento de ingresos del Estado más allá de un crecimiento inercial. Persiguiendo el fraude fiscal con un nivel de eficacia similar a los países del entorno europeo se captarían unos 40.000 millones de euros. Con un impuesto a las transacciones financieras podría recaudarse más de 3 veces lo que se ha recortado en ayuda al desarrollo, la ayuda a los países más pobres, en 1.630 M€.
Instamos al gobierno a que no utilice los recortes sociales como una herramienta para reducir el déficit. Si los próximos PGE17 precisan reducir partidas del capítulo de gastos, el Gobierno deberá hacerlo en aquellas que no supongan pérdidas de derechos sociales para la ciudadanía ni el retroceso del modelo económico y social basado en derechos. La lucha contra la pobreza y la exclusión social, tanto en España como en otros países, y la inversión en políticas sociales deberían centrar el debate de los PGE17. Creemos que cualquier medida que se plantee para salir de la crisis debe basarse en la solidaridad universal, la dignidad humana y debe poner en el centro a las personas como base de la cohesión social y territorial.
Instamos al Gobierno de España que respete su compromiso con la lucha contra la pobreza, con el Desarrollo Humano y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La ciudadanía española pide unas reglas justas y democráticas basadas en el respeto a los derechos humanos como la mejor forma para salir de la crisis que los mercados y los intereses financieros han desencadenado.
Los PGE17 tienen que defender y fortalecer los sistemas públicos de garantía social como la educación, la sanidad y la protección social. Invertir en el acceso a un empleo de calidad, primando iniciativas que contribuyan a un modelo de producción y de consumo basado en estándares de sostenibilidad medioambiental. Deben estar orientados a la promoción y defensa de los derechos laborales y de ciudadanía, en una sociedad donde el trabajo decente y con derechos sea una realidad. Específicamente en materia de cooperación al desarrollo, los presupuestos deben retomar su camino hacia el cumplimento inequívoco del 0,7% de la RNB.
Reclamamos una fuerte apuesta de las políticas de vivienda, que se han reducido a la mitad durante la crisis, según denuncia Amnistía Internacional. Debe ser una prioridad ante el retraso de la emancipación juvenil (menos del 20% de los menores de 30 años se han emancipado) y la cronificación del drama de los desahucios. Así mismo, exhortamos al Gobierno al cumplimiento y complementación con fondos propios del Plan Nacional de Garantía Juvenil, que según sus propios datos sólo ha llegado a uno de cada diez potenciales beneficiarios, por lo que se está perdiendo una oportunidad para combatir el paro juvenil, responsable junto a la precariedad de que el 38,2% de las personas entre 15 y 29 años estén en riesgo de pobreza o exclusión social, siendo así el rango de edad más afectado
Emplazamos a un cambio de rumbo: el gobierno y los grupos parlamentarios tienen que respetar a la ciudadanía a la que representan y garantizar la solidaridad, el bienestar y los derechos sociales de todas las personas. Y advertimos que el gobierno deberá responder por las gravísimas consecuencias que las desproporcionadas medidas de ajuste que ha presentado para “cumplir con el objetivo de déficit” tendrán en millones de personas.
Por todo lo anterior, pedimos que en los PGE2017 el gobierno y todos los grupos parlamentarios se comprometan a
• Aumentar el porcentaje del PIB destinado a gasto social, reduciendo así el desfase con la media de la UE.
• Igualar el gasto público en educación a la media europea, aumentándolo progresivamente hasta alcanzar el 7% del PIB.
• Recuperar el camino hacia una financiación del gasto sanitario que se equipare a la media de la UE-15 (7,3% del PIB).
• Potenciar los Servicios Sociales, especialmente la Ley de Dependencia, asignando los recursos necesarios para esta política pública.
• Compromiso de no reducir la AOD a límites inferiores a la AOD ejecutada en 2009 (0.46%) aumentándola en los próximos años de manera proporcional al incremento de la RNB, y manteniendo el horizonte de alcanzar el 0.7%.
• Apostar por una fiscalidad justa: Medidas como la “amnistía fiscal” premian a los defraudadores y grandes fortunas y no contribuyen a paliar la desproporcionalidad del sistema fiscal español
• Mejorar el control y la transparencia en el uso y gestión de todos los gastos del Estado, que, al igual que la deuda pública, deberían someterse a la correspondiente auditoría