El futuro

Las proyecciones indican que, en el mundo, en el año 2050 habrá más personas mayores de 60 años que niños de menos de 15 años. En España en las próximas décadas la población de 65 años y más, seguirá aumentando hasta el  año 2060, cuando habrá 16 millones de personas mayores, es decir un tercio de la sociedad española.

POR TANTO EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ES UN FENÓMENO QUE YA NO PUEDE SER IGNORADO

Esta nueva realidad requiere una actuación urgente de los poderes públicos que están obligados a tener en cuenta las necesidades de las personas mayores actuales y futuras en el diseño de las políticas públicas. En  consecuencia:

Reclamamos del Gobierno de la Nación que siga las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS) a través de su Estrategia y el Plan de Acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud. Esto incluye la necesidad de los Estados de enfrentar la discriminación por edad para “alcanzar el fin último de mejorar las experiencias diarias de las personas mayores y optimizar las intervenciones políticas”, y también que los Gobiernos adopten un modelo de atención que sea integral y esté centrado en la persona cuando las personas mayores precisan cuidados de larga duración por su situación de dependencia.

Pedimos que, junto con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y de los Servicios Sociales, se produzca un pacto político para garantizar el Sistema Público de Pensiones y su sostenibilidad en el futuro, que permita mantener el poder adquisitivo de las personas a partir de los 65 años.

Proponemos trabajar conjuntamente para combatir la discriminación por edad, los prejuicios y las actitudes negativas sobre la edad avanzada, y fomentar la participación activa de todas las personas sin límites de edad en las actividades de la vida política, social y cultural.

Apoyamos las conclusiones del informe de la Experta Independiente de Naciones Unidas (A / HRC / 33/44) donde se establece que las personas mayores se enfrentan a varios retos en el disfrute de una amplia gama de sus derechos humanos; que la aplicación de la normativa vigente plantea una serie de problemas de protección; y que el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento no es suficiente para garantizar la plena protección de los derechos de las personas mayores.

Apoyamos igualmente su recomendación, de acuerdo con el mandato de la Asamblea General de la ONU, de elaborar un informe que incluya los contenidos de una futura CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES.

Por último, hacemos un llamamiento al Gobierno de España para que apoye una resolución en la Asamblea General de la ONU para la elaboración de una Convención sobre los derechos de las personas mayores.

1 de Octubre de 2017