En todo el Estado existen más de 3700 entidades locales menores, más de 3600 se encuentran en el norte de  España. De estas 1260 están en la provincia de León. Sin embargo, nos llamemos Parroquias Rurales Asturianas, Juntas Vecinales en León, Palencia, Burgos o Salamanca, Concejos en Araba, Entidades Locales Menores en Cantabria o en cualquier otro Lugar, todas compartimos una realidad. La Ley de Racionalición y Sostenibilidad de  la Administración Local acaba con nuestra personalidad jurídica a pesar de que el artículo 45 de la Ley de Bases de Régimen Local y la jurisprudencia dejan claro que la regulación de los concejos es competencia de las CCAA .

Por este motivo decimos NO A LA SUPRESIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES MENORES

Esta Ley, que empezará su debate en el Congreso de los Diputados estos días, y será defendida por el Diputado leonés y berciano del PP, Eduardo Fernández, recoge explícitamente la amenaza de supresión de las Juntas Vecinales, el expolio de sus bienes comunales, que pasarían a los Ayuntamientos, el control de la gestión de sus servicios por parte de la Diputación y la imposición de un plazo de 3 meses para entregar sus cuentas si no quieren ser disueltas.

Por este motivo decimos NO A LA PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS

Si esta Ley se aprobase, la Diputación tendría capacidad, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, para  decidir cómo se gestionarían los servicios que ofrecen los Ayuntamientos y las Juntas Vecinales. Podrán imponer su privatización si no se cumplen una serie de requisitos que igualmente nos impondrá el Ministerio de Hacienda.

Por este motivo decimos NO AL EXPOLIO DE LOS BIENES COMUNALES

Las Diputaciones, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, podrán proponer a la Junta la supresión de las juntas vecinales a las que, por tener déficit presupuestario, se las podrá obligar a aprobar un Plan económico Financiero. Los ayuntamientos con déficit presupuestario también podrán disolver sus Juntas Vecinales, cuyo patrimonio pasará a estos mismos consistorios.

Si esta Ley se aprobase, cada 1 de noviembre los municipios y Juntas Vecinales, ambos por igual, deberán presentar un informe con el “cálculo de coste efectivo de los servicios que presta”. Los criterios para realizar el cálculo se aprobarán por medio de una Orden Ministerial. En el caso de un mínimo déficit en cualquiera de estos servicios las entidades locales menores podrán ser disueltas.

Los Concejos, muchos de ellos se remontan al siglo XVI, recogen un modelo de organización democrática donde el pueblo reunido en asamblea abierta decide, de un modo directo, como se gestiona y mantiene el patrimonio común de sus vecinos y vecinas. Este modelo es, sin duda, la manera más democrática de organizarse que existe  en  todo el Estado. De hecho, en León, los habitantes  de  cada  pueblo  además  de  votar  en  las  urnas  para   elegir  los  concejales  del ayuntamiento, votan en otra urna para elegir al alcalde pedáneo y los vocales de su Junta Vecinal. Estamos ante una costumbre hecha norma cuya regulación debe extenderse al funcionamiento de todas las administraciones, nunca desaparecer o ser amenazada de supresión por ningún gobierno.

Las Juntas Vecinales de León son, en gran parte, responsables además de dar servicios a los pueblos. Como el suministro del agua potable en sus localidades, la gestión de los cotos de caza, el reparto y recogida de la madera y  la leña de los montes de su propiedad, la administración, prorrateo o alquiler de los pastos de su prados, son incluso los responsables de los campos santos, e incluso de las escuelas donde aun se conservan. Podemos afirmar que entre los montes, prados y eras que están bajo el control y administración de las Juntas Vecinales, que son propiedad de los vecinos de los pueblos, podemos considerar que al menos el 55 % de la superficie de la provincia de León están en manos de los concejos. Suprimir las entidades locales menores significaría el mayor expolio hacia manos privadas del patrimonio público, previo paso por los Ayuntamientos, de la historia. Un robo premeditado y  diseñado para asaltar la democracia que representan y generar negocio para una banda de especuladores, acabando con el mundo rural.

Las Entidades Locales Menores, además, no tienen deudas y sus alcaldes no cobran sueldos, su pecado es ser las administradoras de las propiedades y la riqueza ambiental de los vecinos de sus pueblos.

Por estas razones afirmamos que estamos ante un proceso de vaciado de los municipios a favor de las Diputaciones, donde las entidades locales menores sobran y pierden hasta su nombre, con ello su estatus legal de entidades locales. Lo que significa un ataque incruento a la tradición de los concejos. Un proceso que debe ser paralizado inmediatamente desde estas premisas.

- Que el régimen de las entidades locales menores, tal y como ha dictaminado el consejo de Estado, es esencialmente Autonómico o Foral, y tienen que ser las comunidades autónomas las que establezcan su régimen jurídico principal.

- Que  es  esencial  mantener  el  carácter  de  entidad  local,  como  verdaderas  administraciones públicas territoriales, con plena personalidad jurídica

- Que es absolutamente inadmisible que se pueda suprimir una entidad local menor por las deudas o déficit del Municipio en cuyo territorio se encuentre