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Fotografía de una mujer en silla de ruedas descendiendo por una rampa
18/04/2013
De cara al Debate general sobre mujeres y niñas con discapacidad, que se celebrará en Ginebra el próximo miércoles 17 de abril, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado al Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad un informe donde contribuye a analizar el estado de aplicación y respeto de los derechos y principios incluidos en la Convención de la ONU, en relación a la violencia ejercida contra mujeres y niñas con discapacidad en España.
En este sentido, el objetivo principal que contiene su análisis es ofrecer información para ayudar a una mejor implementación de la Convención y al respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las niñas y mujeres con discapacidad.
En cuanto a la situación actual de las mujeres con discapacidad en España que el informe del CERMI perfila, según datos aportados por la EDAD 2008, el 60% de las personas con discapacidad son mujeres; con un alto índice de sufrir discriminación múltiple, por: analfabetismo, niveles educativos más bajos, menor actividad laboral y/o puestos de menor responsabilidad y peor remunerados, mayor aislamiento social, más baja autoestima, o mayor dependencia económica respecto de la familia y/o personas responsables de apoyarlas.
También expone su mayor dependencia socio-afectiva y emocional, mayor posibilidad de sufrir todo tipo de violencia, menor desarrollo personal y social, gran desconocimiento de la sexualidad y numerosos y catastróficos mitos al respecto, mayor desprotección socio-sanitaria y baja autovaloración de la imagen corporal. Así, señala el informe, “esto se traduce en la existencia de un alto índice de violencia a este grupo poblacional”.
Con respecto a la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, entre otros datos, el informe del CERMI destaca la ausencia de información sobre el número de mujeres y niñas con discapacidad que sufren malos tratos físicos y psicológicos, aunque, asegura, que las entidades de la discapacidad saben que “son muchas”, ya que, agrega, “la discapacidad, sea cual sea, agrava la situación”.
Así, denuncia que, igual que ocurre en otros países, la discapacidad no se ha ligado al concepto de violencia de género en ningún estudio significativo de ámbito estatal ni por parte de las instituciones públicas ni por el de las académicas.
Además, ante el informe alternativo que presentó el CERMI ante el examen de España del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad -donde puso de manifiesto una serie de denuncias fundamentales en relación a la violencia ejercida contra las mujeres y niñas con discapacidad, el Comité recomendó a España, por una parte, que velase por que se tenga más en cuenta a las niñas y mujeres con discapacidad en los programas y políticas públicos sobre la prevención de la violencia de género.
También aconsejó que se tuviera en cuenta las cuestiones relacionadas con el género en las políticas de empleo, que incluyan particularmente medidas específicas para las mujeres con discapacidad; o que elabore y desarrolle estrategias, políticas y programas, especialmente en los sectores de la educación, el empleo, la salud y la seguridad social, para promover la autonomía y la plena participación de las mujeres y niñas con discapacidad en la sociedad, así como para combatir la violencia contra ellas.
Entre estas denuncias del CERMI, también se reflejaba la despenalización de la esterilización forzosa para personas con discapacidad por parte del Código Penal, pero el pasado mes de septiembre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal, reconduciendo a la vía civil este tratamiento. Y se establecía así que la despenalización de esterilización de las personas que carecen de aptitud para dar su consentimiento se realizará bajo autorización penal y en un proceso con máximas garantías; al mismo tiempo que se modificaba la terminología (“discapacidad” por “minusvalía”, o “persona con discapacidad necesitada de especial protección” por “incapaz”).
Por último, el CERMI informa de que sobre el resto de las cuestiones que recomienda el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para España en esta materia, “no se ha encontrado ninguna medida que haya sido tomada y que pueda considerarse como un avance en la situación”.
El CERMI es la plataforma unitaria estatal de representación de las personas con discapacidad que en la sociedad civil engloba a más de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión plena de una realidad presente en el 10% de la población, los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Nuestro objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía y la igualdad de oportunidades de este grupo social.