FEAPS reclama una estrategia contra la pobreza y la precarización

• FEAPS se suma al Manifiesto difundido hoy por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y exige una estrategia para hacer frente a la crisis económica y social que ha dejado en situación de pobreza y exclusión social a más de 13 millones de personas en España.

• Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias se encuentran entre los colectivos más afectados por la pérdida de redes de apoyo, la reducción de las prestaciones y la imposición del copago

17/10/2014

 El Manifiesto hecho público hoy por EAPN-España afirma que “en 2014 hemos asistido a una precarización de las condiciones de vida de una parte importante de la sociedad española y a un dramático agravamiento de la situación las personas más vulnerables, en un contínuum sostenido en el tiempo desde el inicio de la crisis. El azote de las políticas de austeridad ha empujado a millones de ellas a la pobreza y la exclusión social, empobreciéndonos colectivamente”.

Por ello, según el documento: “no sólo son necesarias medidas paliativas de emergencia, sino políticas garantizadas de protección social”, ya que “más de 13 millones de personas en situación de pobreza y exclusión social en España (28,2% de la población) tienen derecho a un compromiso serio de los poderes públicos, y queremos subrayar que esta es una problemática que no sólo les afecta a ellos y ellas, sino a todos y todas: como sociedad tampoco podemos esperar”

EAPN, organización de la que FEAPS es miembro, reclama “una estrategia contra la pobreza que contemple medidas dirigidas a la garantía de renta de las personas, acciones de activación económica y el empleo digno, así como medidas de apoyo a los procesos de inserción. En definitiva, necesitamos acciones concretas que cambien la realidad de quienes sobreviven en situaciones precarias”.

Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias se encuentran entre los colectivos más afectados por la pérdida de redes de apoyo y la reducción de las prestaciones. Así lo recogen informes como los de ADECO o FOESSA.

La reforma de la Ley de Autonomía Personal y del sistema de cobertura de la misma ha generalizado este copago de las prestaciones, que además se está exigiendo de forma desigual en el territorio. Este copago supone una nueva presión económica que se une a la que ya soportaban estas familias con motivo de las necesidades de sus hijos con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Según el seguimiento del desarrollo de la Convención en España realizado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, estas políticas atentan a la dignidad de las personas y generan exclusión por falta de recursos.