Así lo ha recalcado Pérez Bueno a los medios de comunicación en una rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el presidente de la entidad en la Comunitat, Joan Planells Almerich, después de la aprobación este martes de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat, por la que se incorpora la tasa del copago de centros o residencias para mayores y personas con discapacidad, en función del coste del servicio y de la capacidad económica del usuario tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anuló el decreto del Gobierno autonómico en el que se fijaban los precios públicos del copago de servicios sociales para mayores y discapacitados no dependientes. Para el presidente del CERMI Estatal, la gravedad en la Comunitat de la actuación contra los derechos sociales de las personas con discapacidad "es tal" que como organización no podían "desentenderse" de la situación ante "gobiernos muy torpes". En este sentido, ha calificado la situación en la que se encuentra la autonomía como "la peor de todas" en materia de políticas públicas de atención a la discapacidad porque "no solo no se avanza, sino que necesitan muchas políticas y muchas medidas".

 

Así, ha emplazado a la Generalitat a que diga qué ley ha aprobado de mejora de las personas con discapacidad y que haya traído cambio social. A su juicio, en la Comunitat ha habido decisiones "muy torpes con muy poco recorrido, con poca visión y contrarias al ordenamiento jurídico internacional", por lo que ha instado a España a no ignorar esta situación.

 

Asimismo, ha criticado que el Consell ha pasado a un modelo "sin diálogo, sin consenso y sin haber sido trabajado" y que "lo está haciendo muy mal". No obstante, ha recalcado que no se trata del partido político que gobierna esta Comunitat ya que "hay otras comunidades autónomas con gobiernos del mismo signo político que sí que han adoptado medidas de bienestar". Por ello, ha instado a Fabra a que resuelva esta situación políticamente y que no lo lleve a los tribunales —ante el anuncio de recurso de la sentencia del TSJCV— o "a añagazas del último momento aprobando enmiendas que no han sido informadas, consultadas ni debatidas por nadie y por la puerta de atrás". Además, ha emplazado al jefe del Consell a que haga que la Comunitat deje de ser un territorio "hostil" y que deje de "hostigar" a las personas con discapacidad y a sus familias porque "es el momento de las políticas con mayúsculas".

 

El CERMI ha anunciado que va a presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la Ley de autonomía personal y de dependencia 39/2006, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias para que se modifique la parte relativa al copago que es "la más sangrienta y la más cruel". De esta manera, la ILP aspira a "establecer, en sede legal, criterios más claros y justos en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones de autonomía personal y atención a la dependencia por parte de las personas beneficiarias".

 

De igual modo, pretende ampliar los factores que se tienen presentes en la Ley a la hora de determinar tanto la renta como el patrimonio, añadiendo a la edad el momento vital de la aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la persona beneficiaria. La campaña de recogidas de firmas comenzará en enero en la Comunitat Valenciana ya que "es la zona más devastada, que lo está sufriendo en sus carnes y con más crudeza". 

 

Por su parte, para el presidente del CERMI Comunidad Valenciana, Joan Planells Almerich, esta situación es "una incautación al estilo estalinista o bolchevique pero con una diferencia, que los bolcheviques iban a los ricos y estos van a los pobres", ha ironizado. A este respecto, Planells se ha preguntado qué sentido tiene que por lograr 62 millones de euros entre mayores y personas con discapacidad empobrezcan a las