La Plataforma del Tercer Sector solicita a los partidos políticos una Ley Estatal de Rentas Mínimas

24/11/2015

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), de la que forma parte la Plataforma de ONG de Acción Social, ha pedido a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales del 20 de diciembre que elaboren una Ley Estatal de Rentas Mínimas Garantizadas que reconozca el acceso a esta prestación como derecho subjetivo de la ciudadanía para permitir alcanzar la inclusión social. Además, esta Ley deberá ser complementada por la mejora y racionalización de las actuales leyes autonómicas.

En este sentido, también espera que todos los partidos políticos de ámbito estatal asuman como compromiso la aprobación de una Ley Estatal de Garantía de los Derechos Sociales, que asegure un marco de apoyos y unas prestaciones iguales para toda la ciudadanía, con independencia del territorio en que se resida.

También solicita a los partidos la suscripción de un Pacto contra la Pobreza, con el objetivo de reducir el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión, y la creación de un Fondo Estatal contra la Exclusión Social y la Pobreza, de carácter plurianual (2016-2020), en el que se comprometa una partida presupuestaria, de nuevo cuño, por importe de mil millones de euros anuales.

En materia de inclusión laboral, la Plataforma del Tercer Sector demanda a los partidos políticos la adopción de una Estrategia Estatal de Inclusión Laboral dirigida a grupos excluidos socialmente, que se fije como compromisos evaluables en el mandato (2016-2019) la reducción de un 10% la tasa de desempleo y el aumento en diez puntos porcentuales de la tasa de actividad entre las personas con mayores dificultades de empleabilidad o personas en situación de exclusión.

En el ámbito internacional, la plataforma plantea la petición de incrementar el presupuesto de la Ayuda Oficial al Desarrollo y alcanzar al final de la próxima legislatura el 0,4% del PIB, en línea con la media de los donantes de la UE, hasta alcanzar progresivamente el compromiso internacional del 0,7% del PIB.

Respecto al tema de salud, pide derogar el Real Decreto-Ley 16/2012, que restringe el derecho a una sanidad de acceso universal, estableciendo en su lugar un sistema legal en el que existan sólo titulares de derechos y no meros beneficiarios y/o usuarios.

Asimismo, PTS pide que los nuevos ingresos que se obtengan una vez entre en vigor la Tasa sobre las Transacciones Financieras se destinen exclusivamente a fines sociales de lucha contra la pobreza y la exclusión y demanda compromiso con la Ley del Tercer Sector de Acción Social y la Ley del Voluntariado, recientemente aprobadas.

Por último, aboga por la creación de un Marco Estatal de apoyos y ayudas al Tercer Sector de Acción Social, en el que se tenga en cuenta al tercer sector como espacio de participación ciudadana y voluntariado y solicita el reconocimiento de las entidades del Tercer Sector Social, así como su inclusión en el Comité Económico y Social de España (CES) y en el Comité Económico y Social Europeo (CESE).

REFORMA CONSTITUCIONAL

Por otro lado, Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha pedido a los partidos políticos que se presenten a las elecciones generales que asuman el compromiso de promover una reforma constitucional.

Concretamente, ha reclamado la modificación del título octavo de la Carta Magna, de manera que el Estado pueda disponer de una competencia de naturaleza compartida con las Comunidades Autónomas para desarrollar políticas de ámbito estatal en materia de solidaridad e inclusión social actualmente denominadas de asistencia social.

En la misma línea de reformas constitucionales, PTS ha exigido la formulación de los derechos sociales, culturales y económicos como derechos fundamentales, adaptando el marco constitucional al derecho internacional y regional del que forma parte España, de modo que queden configurados con el carácter de derechos fundamentales, con las notas de derechos subjetivos, suficientes, vinculantes y exigibles, con mecanismos plenos de protección y tutela, incluida la judicial.

En tercer lugar, la plataforma pide reconocer el papel de la sociedad civil organizada a través del Tercer Sector y promover su participación, interlocución y corresponsabilidad a través de sus organizaciones sin ánimo de lucro en la vida política, económica, cultural y social. Por este motivo, piden a los poderes públicos que faciliten por los cauces previstos en las leyes la posibilidad de expresar las reivindicaciones y propuestas en todos los ámbitos de la vida española, y que mantengan una interlocución abierta, transparente y regular mediante el diálogo civil con las asociaciones y organizaciones más representativas.

Por otro lado, exigen una ratificación por España de la Carta Social Europea, revisada en 1996, así como su protocolo adicional de 1998, al considerar la plataforma que se trata de un instrumento jurídico fundamental para garantizar a los pueblos de Europa el acceso a los derechos sociales.