¿Por qué? Porque en España existe y se tolera un enorme fraude fiscal. Concretamente, una cifra en torno a los 90.000 millones de euros, que corresponden en su mayoría a las grandes empresas y fortunas personales (entre las dos, unos 60.000 millones de euros, o algo más que todos los recortes del gasto público realizados 2012 y 2013)

La sombra de Robbing Poor acecha. Las cargas impositivas injustas a las rentas medias y bajas conviven con los recortes y con una ineficiente redistribución de la riqueza:  “quitárselo a los pobres para dárselo a los ricos”.

En vez de adaptar las autoridades tributarias a las nuevas necesidades y a las sofisticadas formas de defraudar, el Gobierno mantiene en Hacienda la misma plantilla de hace 20 años. Las agencias tributarias de Francia, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido tienen un personal por habitante que dobla al de España. Hacienda se limita a perseguir el delito fiscal pequeño y no va al núcleo duro de la defraudación: “que paguen los pobres y no los ricos”

Robbing Poor ayuda a las grandes fortunas y empresas a defraudar a Hacienda. Se tolera la evasión fiscal y se reduce la carga impositiva a través de los resquicios legales de una legislación permisiva. Prácticamente el 100% de las empresas del Ibex 35 tienen fondos en paraísos fiscales y no se arbitran medidas para evitar el daño que producen.

Robbing Poor tiene amistades en lugares importantes: la nueva redacción del art. 305 del Código Penal de 2012 establece que quien ha cometido un delito fiscal por encima de los 600.000 euros (desde una organización criminal o desde paraísos fiscales, por ejemplo) puede regularizar su deuda. Así reducirá su pena y tendrá una multa que puede no superar el 25% de lo defraudado. Si no es reincidente ni siquiera irá a la cárcel. Ahora bien, si el fraude es menor de 120.000 euros, no es delito y lo mínimo que va a pagar es una multa del 40%.

La evasión y la elusión fiscal provocan hambre, pobreza, desigualdad y exclusión.

A Robbing Poor no le perturban las políticas de desahucios, los recortes en sanidad, educación, becas, dependencia, ayudas sociales y ayuda al desarrollo. Tampoco la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y laborales, garantes de la redistribución de la riqueza y del Estado de bienestar.

“Que paguen los pobres y no los ricos” ¡hay que evitar la justicia fiscal!