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CNSE y FeSorCam exige soluciones ante la falta de asesores sordos en las aulas madrileñas

• Reclaman que se cubran las necesidades de la infancia sorda y sus familias, y que se dote de estabilidad laboral a los asesores sordos

© CNSE. Fotografía referencial "Campaña por los derechos educativos de las personas sordas"

© CNSE. Fotografía referencial "Campaña por los derechos educativos de las personas sordas"

16/12/2019

La Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid (FeSorCam) y la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) han denunciado hoy la ausencia de profesionales sordos especialistas en lengua de signos española en los centros educativos de la Comunidad de Madrid.  Una situación ocasionada por el impago de salarios por parte de la empresa contratante, que ha llevado a estos profesionales a iniciar una huelga indefinida que afecta a cientos de alumnas y alumnos sordos de Infantil y Primaria.

Para la presidenta de la FeSorCam, Concepción Rodríguez, no hay que olvidar la importancia de los profesionales sordos especialistas en lengua de signos española que trabajan en la red de centros educativos de la CAM, ya que “actúan como modelo lingüístico y de identificación positiva para los niños y niñas sordas, siendo su incorporación fundamental en las primeras etapas de la educación”. Asimismo, reclama al gobierno autonómico que “busque alternativas que eviten que se comprometa el futuro de estos estudiantes” además de velar por que se garantice la “estabilidad laboral de los profesionales”.

Por su parte, la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, ha exigido que “se protejan los derechos de este alumnado y sus familias”, ya que, de prolongarse esta situación, la infancia sorda “verá desatendida sus necesidades propias de aprendizaje y, por ende, afectado su desarrollo académico”.

Protección de los derechos del alumnado sordo

Ambas entidades han señalado que desde los años 90, la Comunidad de Madrid ha sido un referente en la inclusión en las aulas de la lengua de signos española, a través de los asesores sordos especialistas en esta lengua y de los intérpretes. Al respecto, recuerdan que los derechos del alumnado sordo están protegidos y amparados por la legislación vigente, que obliga a las administraciones públicas a proporcionar una educación de calidad a todos los alumnos.  

En este sentido, aluden a la resolución del Parlamento Europeo (13 de noviembre de 2018), en la que se advierte la necesidad de “prestar especial atención a las personas que utilizan la lengua de signos”, y se subraya “que la continuidad de la educación en la lengua materna es vital para preservar la identidad cultural y lingüística”. También referencian la observación Nª 6 del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad que afirma que se debe “proporcionar a las niñas y niños sordos entornos de aprendizaje en lengua de signos con otros niños sordos y con adultos sordos que les sirvan de modelos de conducta”, y considera “discriminatorio que los docentes de niños sordos no dominen la lengua de signos y que los entornos escolares no sean accesibles”.

Asimismo, destacan que el derecho de las familias a elegir una educación bilingüe para sus hijas e hijos sordos, es una de las cuestiones presentes en la Ley 27/2007, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas.  A ellas se suma a nivel autonómico, la declaración institucional que aprobaba el Pleno de la Asamblea de Madrid en 2017, y que ponía de  relieve el valor de la lengua de signos en la educación "como garante de equidad, inclusión y de libertad", e instaba a que las administraciones tomasen "conciencia" de que el éxito académico de las personas sordas pasa por "atender también sus necesidades y demandas respecto al desarrollo efectivo de sus derechos lingüísticos y a la promoción de esta lengua en España".

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