La Plataforma del Tercer Sector, entidad a la que pertenece la POAS, analiza la situación actual de las pensiones en España

27/11/2013

Marco constitucional y proyecto de recorte de las pensiones.

Según el artículo 50 de la Constitución, “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Hasta ahora, las pensiones se regulan a través de la Ley de la Seguridad Social, en cuyo artículo 48 se expresa: “Las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año”.

No obstante, actualmente está en curso el Proyecto de “Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social”, que cuestiona lo anterior, en base a la actual coyuntura económica y demográfica y pretende sustituirlo por un Índice de Revalorización revisado cada año a través de la Ley General de Presupuestos, sobre la base de los ingresos de la Seguridad Social y el número de pensiones contributivas, con un máximo de variación anual del IPC + 0,25 y un mínimo del 0,25%, siendo de aplicación a partir de 2014 e implantar el llamado Factor de Sostenibilidad a partir de 2019, en base a un coeficiente ligado a la esperanza de vida en el momento en el que se accede a la pensión y a un recalculo anual de la cuantía en función de los ingresos y gastos del sistema.

Según estos datos, el recorte progresivo podría llegar hasta un 20% en el 2050, con un recorte anual acumulativo del 0,47% durante los primeros años.  Como consecuencia, se produciría una disminución sustancial del poder adquisitivo que afectaría tanto a los pensionistas actuales como futuros, siendo además, España el primer país europeo con un doble mecanismo de ajuste y contención de gasto basado a su vez en elementos demográficos y en la coyuntura económica.

Hay que considerar que el gasto en relación con el PIB es reducido si se compara con el de la mayoría de los países de nuestro entorno: 10% del PIB versus la media de la Eurozona (12,2%), el conjunto de la UE (11,3%) y que, según datos de la Comisión Europea, en 2030 la previsión sería de un 10,6%, similar al actual de Alemania (10,5%), llegando a un máximo del 14% en 2050 para, a continuación reducirse, en base a la evolución demográfica .

Ante estas circunstancias, la Plataforma del Tercer Sector  fija su posición de rechazo en los siguientes puntos:

1. Considera que se trata de una Ley de carácter económico pero con un marcado carácter social.
2. Considera que este Proyecto no es sostenible, ni digno ni justo, que es un retroceso, que son reivindicaciones actuales pero también de futuro, que no es justo penalizar las pensiones por un logro social como es la esperanza de vida, que abocan al empobrecimiento del pensionista y de sus familias, especialmente en las rentas medias y bajas.
3. Considera las pensiones como derechos subjetivos y, por tanto, “gastos obligatorios” y en consecuencia no ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, siendo el Estado el que ha de atenderlos con los recursos que considere, independientemente del estado de las cotizaciones y asegurando la supervivencia ante cualquier contingencia política, económica o de cualquier índole.
4. Defiende un concepto de Estado social, tal y como se define en la Constitución, en el que la Seguridad Social forma parte del mismo, en su concepto de protección social y bajo la responsabilidad del propio Estado. 
5. Considera que resulta inaplazable una reforma integral que incluya también el sistema productivo y de organización del Estado, a fin de garantizar las pensiones actuales y futuras, garantizando el derecho de cualquier persona a tener los medios suficientes para tener una vida digna.