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12/05/2021
El Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo atenta contra los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental y el Gobierno de España debe oponerse a su aprobación. Así lo han reivindicado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, que se han puesto en contacto con distintos miembros del Gobierno a través de una carta en la que reclaman que se opongan a un documento que vulnera varios artículos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que los países firmantes, entre ellos España, están obligados a cumplir.
El problema surge en el año 2013, cuando el Comité de Bioética del Consejo de Europa decide redactar un Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo con el fin de incluir y protocolarizar las medidas de ingreso y tratamientos involuntarios, lo que supone un ataque directo a los derechos humanos y a la dignidad de las personas con problemas de salud mental. La propia razón de ser del documento entra en contradicción con lo dispuesto en la CDPD, al regular estas medidas para un determinado grupo de la población por su tipo de discapacidad: las personas con discapacidad psicosocial.
El texto confunde coerción y cuidados, sin tener en cuenta el impacto que tales medidas producen en la salud física y mental de las personas a las que se les aplican. Además, autoriza la privación de libertad de la persona con problemas de salud mental basada en la presunción de riesgo, y no apoya ni promueve la creación de recursos alternativos en los que se respeten la voluntad y las preferencias de las personas. Tampoco hace referencia alguna a mecanismos de reparación del daño causado y justifica la restricción de un derecho fundamental como es la libertad, en la presunción de ser un riesgo para sí o para otras personas, algo que ya debería estar superado a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
“El texto responde a un modelo absolutamente biologicista en salud mental. No podemos permitir una legitimación de prácticas coercitivas vinculadas a los internamientos involuntarios, como la medicación forzosa, la contención física y química, y el aislamiento, que pueden llegar a constituir tortura. Las medidas de control y coerción no son, ni serán nunca, medidas terapéuticas, ni se pueden confundir con tratamiento”, explica Nel González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA. “Lo que necesitamos es desarrollar medidas alternativas desde un enfoque de derechos humanos, para poner fin a la coerción en el ámbito de la salud mental”, añade González.
Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de CERMI, afirma que “el intento del Consejo de Europa choca frontalmente con un enfoque y una práctica de derechos humanos, la única admisible para aplicar a las personas con problemas de salud mental”. De la misma manera asegura que “resulta lastimoso que este Organismo, el Consejo de Europa, que debe encabezar la regulación y defensa de todos los derechos humanos, para todas las personas, incurra en este oprobioso comportamiento”. Por ello, aboga por “cortar de raíz cualquier voluntad de someter a las personas con problemas de salud mental a tratos radicalmente impropios, que nos avergüenzan como sociedad decente y progresiva”, y anima a España a “asumir la defensa de la visión de derechos humanos”. Por último, exige al Gobierno una “actitud beligerante en este trascendental asunto”.
Violación de la norma internacional
A pesar de que el borrador del Protocolo del Convenio de Oviedo señala en su preámbulo la necesidad de tener en cuenta el marco internacional de protección de la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, reconociendo que la Convención constituye el principal referente de este marco, sus disposiciones vulneran de manera flagrante varios de sus artículos. En concreto, vulnera explícitamente los artículos 10 (derecho a la vida), 12 (derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley), 14 (derecho a la libertad y seguridad de la persona), 15 (derecho a la protección contra la tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 17 (derecho a la protección de la integridad de la persona), 25 (derecho a la salud) y 26 (derecho a la habilitación y rehabilitación).
En este sentido, Naciones Unidas exhortaba a España tras la última revisión de 2019 como estado parte de la Convención de la Discapacidad a que cumpla las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14 de la Convención y se guíe por las directrices del Comité sobre el artículo 14 (2015) en los debates regionales sobre la aprobación del proyecto de protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina, titulado “La protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales con respecto al internamiento y el tratamiento involuntarios”. Sobre esta misma postura se ha pronunciado el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, o la propia Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
En la carta, remitida a varios ministros y ministras, CERMI y SALUD MENTAL ESPAÑA han solicitado que “se opongan a la adopción del Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo, de forma que España no apoye este documento que atenta contra la legislación internacional y contra los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental, y vuelve a negar el estatus de persona, a cercenar su integridad y mantener vigentes prácticas contrarias al discurso de los derechos humanos”.