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PORTAL DE ONG: AVANZAMOS EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL
28/07/2021
La Plataforma de ONG de Acción social ha participado activamente en el “Informe sobre el estado de derecho de 2021: la situación del estado de derecho en la Unión Europea” que se ha difundido el 20 de julio. Dicho informe se basa en la metodología y el alcance del informe anterior, centrándose en los cuatro elementos clave: sistema judicial; marco de lucha contra la corrupción; libertad y pluralismo de los medios de comunicación.
El informe está compuesto de diversas partes ya que, por un lado, se analiza la situación en la Unión Europea en su conjunto y, por otro, se han publicado diferentes capítulos específicos sobre cada Estado miembro. Tanto para el capítulo de la Unión Europea (UE) en su conjunto como los diferentes Estado miembro examina en profundidad los sucesos desde septiembre de 2020 hasta el momento a partir de los problemas detectados en el informe anterior y bajo el impacto de la pandemia de la COVID19.
El informe, que muestra muchos avances considerados positivos en los Estado miembros, así como la fortaleza de los sistemas nacionales ante la pandemia de la COVID19 (algo que pone de manifiesto la importancia de la capacidad de mantener un sistema de controles y equilibrios que respete el Estado de Derecho), muestra también una preocupación en lo referente al poder judicial y a la situación de los medios de comunicación en algunos de los Estados miembro.
En lo referente al capítulo dedicado a España en el que ha colaborado la Plataforma de ONG de Acción Social, cabe reseñar que, dicho capítulo, pone el foco en que el sistema judicial español sigue haciendo frente a diversos desafíos; en particular destaca que continúa la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial ante la falta de acuerdo en las Cortes para renovar una serie de órganos constitucionales. Sin embargo, también analiza avances positivos como las diversas medidas destinadas a mejorar la calidad de la justicia, como la revisión del sistema de asistencia jurídica gratuita y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la redacción de tres anteproyectos de ley sobre la eficiencia procesal, organizativa y digital, todo ello para lograr avances en materia de digitalización de la justicia.
También cabe destacar la parte del informe centrada en la prevención de la corrupción y en luchar contra ella, algo en lo que, como dice el informe, España sigue mejorando ya que sus medidas anticorrupción siguen una línea de acción estratégica, aunque se carece de una estrategia anticorrupción específica que sirva de guía general a las medidas preventivas y represivas para combatir la corrupción. En lo que se refiere a su represión, la corrupción está tipificada en España como delito con arreglo al Código Penal y existen diversas instituciones especiales; así mismo, con respecto a la prevención de la corrupción, España continúa mejorando su marco de integridad y ha asumido el compromiso de elaborar legislación en ámbitos decisivos, así como la transparencia de las actividades de los grupos de interés, el código deontológico de los funcionarios y la protección de los denunciantes. En octubre de 2020 se adoptó el nuevo código de conducta para todas las personas miembro del Congreso y el Senado.
En lo que respecta a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, el informe destaca que el Gobierno está tomando medidas para abordar las cuestiones de acceso a la información pero que persisten algunos desafíos relativos a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. También señala que el Gobierno ha tomado algunas medidas para ofrecer apoyo financiero a los medios de comunicación en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Por último, cabe reseñar que el informe de España determina que siguen existiendo retos en relación con el espacio de la sociedad civil, y la Ley de seguridad ciudadana se encuentra actualmente en revisión, habida cuenta de las preocupaciones planteadas.