La contratación pública es una "potente palanca" de promoción de políticas sociales y medioambientales

• El sector de la discapacidad, representado por CERMI, el EDF y Fundación ONCE, se une para asegurar una interpretación adecuada de las trasposiciones que afectan al Tercer Sector en la nueva directiva europea sobre contratación pública

• El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, apuesta por "no usar la contratación desde un encarnizamiento economicista" y "no olvidar la aportación de enorme valía y cuantía del Tercer Sector"

24/02/2014

La contratación pública es una “potente palanca” de promoción de políticas sociales y medioambientales, por lo que es necesario aprovechar las posibilidades que ofrece la nueva directiva europea sobre contratación pública, trabajar en su adecuada trasposición y avanzar en la inclusión de cláusulas sociales.  

Este es el objetivo del “Taller sobre nuevas Directivas Europeas sobre Contratación Pública e impacto en la discapacidad”, que se ha celebrado este lunes en la sede del Real Patronato sobre Discapacidad en Madrid, promovido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) y Fundación ONCE.

Durante la inauguración del taller, Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE ha explicado que este taller “está destinado a entender cómo unir esfuerzos para asegurar una interpretación adecuada de las trasposiciones que afectan a las organizaciones del Tercer Sector en lo que respecta a la nueva directiva europea sobre contratación pública.

Así, ha señalado que la contratación pública es un tema “complejo, árido y que al final dejamos en manos de profesionales que se dedican a ello”, lo que ha considerado “un error” porque “da lugar a un proceso de inmovilismo de adaptación a los nuevos cambios”.

Según ha asegurado, la contratación administrativa supone entre un 18% y un 20% del PIB de los países de la UE, una cifra que en España supone 200.000 millones de euros. Por tanto, ha puntualizado, la contratación pública “no es sólo un proceso de centralización de servicios o de compra de bienes por parte de la Administración, sino una potente palanca de promoción de políticas sociales y medioambientales”.

De este modo, ha apuntado que hasta esta nueva directiva no se habían tenido en cuenta las cláusulas sociales a excepción de los contratos reservados para los Centros Especiales de Empleo. Por tanto, ha asegurado, “tenemos que saludar con alegría y satisfacción el vuelco que supone la nueva directiva en lo que respecta a la legislación sobre contratación pública en los países de la Unión Europea”.  

Sin embargo, ha afirmado que esta directiva también tiene “algunas precisiones que deben ser tenidas en cuenta y que pueden afectar al sector de la discapacidad, al Tercer Sector y a la economía social” y ha recordado que el sector se ha movilizado presentando enmiendas parlamentarias “para solventar estos problemas”.

Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha asegurado que la contratación pública es “una materia troncal en la agenda política de la discapacidad y en la agenda más amplia del Tercer Sector” y “hay que abordarla forzando las oportunidades que anidan en ella y no de un modo defensivo ni reactivo” sino apostando por “no usar la contratación desde un encarnizamiento economicista” y “no olvidar la aportación de enorme valía y cuantía del Tercer Sector”.

En este sentido, ha subrayado que “está justificado que la sociedad civil gestione servicios para las personas solo si el sector público y privado no son capaces de hacerlo o no lo hacen con el suficiente grado de satisfacción y retribución a las personas que más lo necesitan”.

Por tanto, “solo está justificado que el Tercer Sector ofrezca servicios si aporta algo distinto y de mayor calidad que lo que puedan hacer los poderes públicos y las empresas”, ha dicho. “Somos capaces de hacerlo”, ha puntualizado, pero para ello, ha recalcado, “necesitamos un marco normativo europeo y nacional justo y equilibrado”.

Así, ha animado a “que se aprovechen las posibilidades que ofrece esta directiva con criterio para convencer a quienes no quieren convencerse” y ha recordado que la semana pasada se tomó en consideración una proposición de ley en el Congreso para avanzar en cláusulas sociales en materia de contratación pública y “por desgracia”, ha dicho, “no prosperó por oposición del Gobierno”, aunque  puso en valor el apoyo del resto del arco parlamentario.

El argumento para este rechazo, ha explicado, fue esta nueva directiva. Por tanto, ahora que se inicia el proceso de trasposición, ha señalado, “como discapacidad organizada y como Tercer Sector, tenemos que saber lo que nos permite esta directiva y comenzar desde ya a trabajar, proponer, incidir y modificar conciencias y mentalidades, identificando buenas prácticas y legislaciones autonómicas y modelos de entidades del Tercer Sector que ya prestan servicios de calidad”.