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23/02/2023
UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha presentado este jueves, en la sede de CaixaForum en Madrid, el estudio ‘La situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de género’, que profundiza en sus perfiles, condicionantes, circunstancias y contextos de procedencia, así como en la realidad que viven en el entorno penitenciario, con el fin de motivar cambios políticos y sociales dirigidos a incidir en las situaciones de partida que pueden influir en la comisión delictiva.
Desde la red UNAD defienden que las personas presas solo pueden perder el derecho de la libertad, por lo que se les debe garantizar otros, como el de la igualdad o la salud, para que no se vean limitados por una sentencia.
La investigación comprende una muestra de más de 1.000 personas privadas de libertad, de las que el 77% son hombres y el 23% son mujeres. El estudio se ha realizado en 18 centros penitenciarios gestionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior (14) y por los Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Cataluña (4).
Una de las principales conclusiones del trabajo es que en las prisiones españolas están sobrerrepresentados, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres con adicciones, los contextos de pobreza, las carencias educativas, la exclusión social, las violencias sufridas a lo largo de la vida -especialmente en las mujeres-, así como los problemas de salud mental.
PERFIL HOMBRES Y MUJERES
El hombre participante en la muestra tiene una edad media de 39 años, nacionalidad española y estudios primarios. Uno de cada nueve no cuenta con un recurso habitacional donde ir cuando salga de prisión. Además, uno de cada cuatro tiene alguna enfermedad mental diagnosticada. En cuanto a su entorno, procede de una familia numerosa donde sus ascendientes presentan estudios inferiores a la primaria y tienen hijos o hijas, aunque en la mitad de los casos no cuenta con la custodia.
Por su parte, la mujer participante tiene una edad media de 41 años, nacionalidad española y estudios primarios. Una de cada seis no cuenta con un recurso habitacional donde ir cuando salga de prisión. Una de cada tres tiene alguna enfermedad mental diagnosticada, un 12,3% tienen reconocida una discapacidad física y el 5% tiene certificada alguna discapacidad intelectual. En cuanto a su entorno, procede de una familia numerosa donde sus ascendientes presentan estudios inferiores a la primaria, y en la mayoría de los casos cuenta con menores a su cargo. También tienen pareja, la cual se encuentra en prisión en el 71% de los casos.
Además, un dato relevante es que el 45% de las personas encuestadas manifiesta haber sufrido alguna vez en su vida malos tratos físicos, cifra que aumenta en el caso de las mujeres hasta el 74,8%. Por otro lado, el 53,8% de la muestra ha sufrido malos tratos psicológicos (45,8% de los hombres y el 80,6% de las mujeres). En lo que se refiere a abusos o agresiones sexuales, un 15,7% los reconoce: el 6,6% de los hombres y el 45,3% de las mujeres los han padecido en alguno o varios momentos de su vida.
Tanto en las mujeres como en los hombres existen antecedentes familiares de consumos problemáticos de sustancias. Por otro lado, y teniendo en cuenta la situación laboral y económica, hay que señalar que el 30,1% de las personas encuestadas, antes de su ingreso en prisión, estaban en situación de desempleo, una cifra que se eleva hasta el 35% de los casos en mujeres, frente al 28,6% de hombres.
Por otro lado, teniendo en cuento a los delitos por los que son condenadas las personas con adicciones son, en su mayoría, contra el patrimonio y la salud pública (65,7% hombres y 70% mujeres).
RECLAMOS Y PROPUESTAS
Las personas con adicciones en prisión destacan en el estudio, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la necesidad de ser visibilizadas y escuchadas y de contar con más recursos sanitarios. A la vez critican la excesiva medicalización, así como la falta de apoyo económico y formativo para rehacer su vida en el exterior. Las mujeres, concretamente, señalan la discriminación generalizada que viven por el hecho de ser mujeres y reclaman igualdad en el acceso a recursos y actividades.
Con estos datos sobre la mesa, la Red de Atención a las Adicciones ha lanzado una serie de propuestas a las Administraciones públicas que pasan por garantizar con urgencia el derecho a la salud de las personas privadas de libertad con más recursos personales, sanitarios y psicosociales para equiparar la atención a la del resto de la sociedad; primar el régimen abierto y los cumplimientos extrapenitenciarios por encima de los regímenes ordinario y cerrado; cambiar la cultura penitenciaria hacia una cultura del diálogo y la no violencia; promover la participación comunitaria e incorporar la perspectiva de género a todos los ámbitos de este sistema.
JORNADA
La investigación se ha dado a conocer en el marco de la jornada ‘Las drogodependencias y otras adicciones en el sistema penitenciario español. Una ventana hacia un futuro justo e igualitario’, financiada por el Plan Nacional sobre Drogas, un espacio en el que han coincidido entidades del Tercer Sector y Administraciones públicas para analizar precisamente estos datos y llegar a consensos comunes que permitan avanzar.
Durante el acto, el presidente de la red UNAD, Luciano Poyato, ha insistido en la necesidad de promover cambios en el sistema penitenciario español que admitan una realidad evidente, y es que la cárcel no es el lugar, ni la respuesta de las personas con problemas de adicciones. “Tenemos que avanzar hacia una sociedad más justa teniendo en cuenta las necesidades de las personas presas y los condicionantes que les influyen en el delito”, ha subrayado.
Por su parte, la vicepresidenta de la entidad, Carmen Martínez, ha puesto sobre la mesa que, en su opinión, la mejor manera de prevenir el delito es la inversión en políticas sociales. Asimismo, ha concluido que es urgente y necesario avanzar hacia una legislación más moderna y flexible de alternativas a la prisión, del mismo modo que otros países de nuestro entorno, especialmente en relación con las infracciones penales no violentas y aquellas vinculadas a personas en situación de pobreza o con dificultades de inserción.
En la jornada, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha declarado el compromiso de su institución con la transparencia de manera que “conociendo mejor el diagnóstico estaremos en condiciones de poder abordar mejor y encontrar las soluciones”. Ortiz ha reconocido que “en muchas ocasiones la adicción es el origen del comportamiento delictivo”, al tiempo que ha defendido el papel de las medidas preventivas y de tratamiento para que las personas presas “puedan dejar el consumo y reconducir su vida dejando la adicción”.
Durante la clausura, la vicepresidenta de UNAD, Felisa Pérez y la vocal de UNAD en Madrid, Encarnación Pámpanas, coincidieron en la necesidad de incorporar la perspectiva de género como factor clave para mejorar la atención a las personas usuarias de drogas. “La prisión no puede ser un condicionante para obviar la perspectiva de género, tanto cuando hablamos de hombres como de mujeres”, ha remarcado Pérez.
Por último, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí, ha destacado el papel de las entidades sociales a la hora de promover “cambios normativos que han provocado un número menor de personas en prisión por asuntos relacionados con las drogas” al tiempo que ha defendido una mayor coordinación de todas las partes implicadas en la atención, como, por ejemplo, respecto a “una mejor integración de los servicios sanitarios dentro de prisión y fuera de ella”.
Se puede acceder al informe completo pinchando aquí.