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01/06/2023
Claramente el racismo es un hecho y no podemos mirar para otro lado. Según datos del Ministerio de Interior, entre 2020 y 2021 hubo un aumento del 31,75% en delitos e incidentes de odio con componente racista, pasando de 485 a 639. También el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas del CEDRE, centrado en casos de discriminación por motivos raciales o étnicos, pasó de registrar 376 incidencias en 2013 a 1.570 en 2022.
Existe pues una tendencia al alza, y eso que la mayoría de las víctimas no denuncian por resignación, desconfianza, desconocimiento o por miedo: a una nueva victimización, a las represalias, por vergüenza, por no poder superar las barreras idiomáticas y también por temor a la expulsión, si se trata de personas en situación irregular.
La infradenuncia hace que solo se vea la punta del iceberg, como señala la directora de CEAR, Estrella Galán. “La reacción de Vinicius ha sido valiente, pero es importante destacar que también puede tener esa reacción porque está en una situación de poder. Lamentablemente, otros miles de personas migrantes y refugiadas no pueden denunciar de ninguna manera y no tienen esa posición pública”.
Racismo estructural
Las personas migrantes y refugiadas sufren discriminación en el acceso y disfrute de derechos tan básicos como la educación, el empleo o la vivienda. Y la invisibilización de esta discriminación y de sus necesidades profundiza una situación de vulnerabilidad. Las dificultades de acceso al empadronamiento, por ejemplo, son una muestra de racismo institucional, teniendo en cuenta que se trata de la llave fundamental para acceder a derechos esenciales como son la sanidad o la educación.
También hay otra exclusión menos conocida, pero igual de grave, que es la exclusión financiera. Las entidades sociales llevan años denunciando que la mayoría de los bancos están impidiendo o poniendo trabas para abrir cuentas bancarias a las personas migrantes y refugiadas. Esto provoca que no puedan acceder a la contratación de servicios básicos como la luz o el agua, o simplemente a tener una nómina porque las empresas hacen el pago por transferencia.
“El racismo que se consiente en los campos de fútbol es explícito, pero existe también otro más sibilino que se ejerce de manera indirecta que impide a las personas acceder a derechos fundamentales. Por ejemplo, vemos como cada vez más que se dificulta el acceso a la vivienda a las personas migrantes, pues les exigen requisitos imposibles para evitar que accedan”, denuncia Galán.
El odio no es inocente
Las personas migrantes y refugiadas llegan a España para salvar sus vidas, y tratar de encontrar la paz y el futuro que no podían tener en sus países. Es urgente tomar medidas y actuar contra la discriminación y los discursos de odio para asegurarles esos y otros derechos, como la creación de una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, prevista por la Ley Integral con este nombre que garantice su acceso a derechos, o la aprobación de la Ley contra el Racismo.
Las elecciones de este año también son una oportunidad para revisar e implementar medidas enfocadas en elaborar estrategias de sensibilización y lucha ante actitudes y discursos xenófobos y racistas, noticias falsas y bulos; de formar a los profesionales de la administración pública en derechos humanos, migración, asilo, igualdad de trato y no discriminación; y de impulsar políticas de convivencia e inclusión para prevenir y combatir toda forma de discriminación.
Tanto la ciudadanía, como las instituciones, representantes políticos y medios de comunicación deben tener claro que juegan un papel fundamental en promover la cohesión social. Ante el auge de los discursos racistas, xenófobos y de odio hacia personas en situación de vulnerabilidad no basta con no ser racista, la sociedad debe ser activamente antirracista.