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Olmo Calvo
10/12/2023
Hace 75 años, tras el fin de la II Guerra Mundial, el derecho de asilo cobraba especial relevancia ante la necesidad de brindar protección a todas las personas refugiadas en Europa. Con este objetivo, se firmó la Convención del Estatuto del Refugiado en 1951 y el Protocolo de Nueva York en 1967 para universalizar este derecho.
En la actualidad, hay más personas desplazadas forzosamente que nunca, más de 110 millones. Además de los conflictos, la inestabilidad política y social o las vulneraciones de derechos humanos, nuevas amenazas como el cambio climático y la degradación medioambiental están forzando a las personas a abandonar sus hogares. A pesar de ello, cada vez es más difícil obtener protección internacional y aumentan los obstáculos para acceder al derecho humano al asilo.
Lamentablemente, llevamos años siendo testigos de políticas migratorias europeas centradas en el control y la externalización de las fronteras, que obligan a las personas que buscan asilo a emprender viajes muy peligrosos en ausencia de vías legales y seguras. Como consecuencia de estas políticas, desde hace una década se han perdido más de 32.000 vidas en el Mediterráneo y el Atlántico, más la que nunca se sabrán.
La creciente criminalización de las migraciones alimenta los discursos racistas y xenófobos y convierte las fronteras europeas en espacios de violencia y no derechos, donde se vulnera el principio de no devolución.
Pilar esencial de la protección de los derechos humanos
El derecho de asilo no es simplemente una disposición legal, sino también una manifestación de nuestra humanidad compartida y de la responsabilidad colectiva de salvaguardar la dignidad humana. Al ofrecer refugio a quienes huyen de la persecución, la violencia u otras amenazas se garantiza el conjunto de derechos consagrados en la Declaración como: el derecho a la vida (art.3) y a la integridad física (art.5); a la libertad de pensamiento (art.18) y de opinión (art.19); o el derecho a la educación (art.26), entre otros.
Es por ello que, al proteger el derecho de asilo, se defiende el núcleo mismo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y construimos un mundo donde la dignidad y la libertad son inquebrantables.
Más relevante que nunca
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 sigue siendo un instrumento útil y de gran relevancia. Es la base de la que parten los instrumentos aprobados en las últimas décadas, que constituyen el sistema internacional de los derechos humanos.
Estos se encuentran en evolución constante y se han desarrollado para proteger a muchas más personas y adaptar el sistema de protección a nuevas realidades y retos. Sin embargo, CEAR observa con preocupación que se está produciendo un retroceso en los derechos humanos, especialmente en materia de igualdad de género y diversidad. Situaciones inaceptables como la de las mujeres y las niñas en Afganistán bajo el yugo talibán, o la restricción de los derechos y la persecución de las personas LGBTIQ+ en Europa, ponen en peligro muchos de los derechos y libertades conquistados en las últimas décadas.
Otros retos fundamentales que enfrentan en la actualidad las personas migrantes y refugiadas son el cambio climático y la degradación medioambiental, además del uso inadecuado de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.
Por este motivo, es urgente que los Estados cumplan con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y el derecho de asilo. El 75º Aniversario de la Declaración es una oportunidad para recordar la necesidad de un enfoque justo en las políticas migratorias, que garantice vías legales y seguras para que las personas que buscan asilo no pongan en peligro sus vidas y sus derechos sean respetados. Porque el derecho de asilo es un protector fundamental de todos los derechos humanos.