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19/09/2024
.- La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha presentado hoy las conclusiones del Estudio sobre el impacto del Ingreso Mínimo Vital en la situación de pobreza de la población gitana en España, 2023 en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un acto que contó con la participación, entre otros, de la ministra de Inclusión Elma Saiz, quien ha inaugurado el acto, y de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, quien lo ha clausurado. Han intervenido también Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano y Sara de la Rica y Lucía Gorjón, de la Fundación Iseak, como parte del equipo investigador que ha realizado el Estudio.
Este Estudio que presenta la FSG ha tratado de poner el foco en lo acuciante de la situación socioeconómica de la población gitana y en la capacidad del IMV para revertir esta desigualdad manifiesta. Los principales objetivos son tanto estimar el alcance del IMV, como conocer las limitaciones y obstáculos encontrados para ser persona beneficiaria. Los resultados han permitido identificar y analizar las barreras de acceso y ofrecer propuestas de reformas y mejoras en la configuración actual de la prestación para lograr una política de lucha contra la pobreza más eficaz.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha inaugurado el acto de presentación del Estudio y ha remarcado que “hemos logrado avances, pero queda mucho por hacer. La población gitana sigue enfrentándose a desafíos muy importantes. Es por tanto muy necesario atender a lo que dice este Estudio y redoblar esfuerzos para ampliar la cobertura del IMV”.
Por su parte, Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano ha manifestado que “el IMV es un buen instrumento para la protección de las personas gitanas frente a la pobreza, pero no está desarrollando todo su potencial. Debe adaptarse más al perfil de las familias beneficiarias y generar oportunidades para la inclusión social, educativa y laboral.”
La población gitana, por su especial desprotección y pobreza elevada, se ha situado entre los colectivos prioritarios para el IMV. Las cifras dan muestra de la dimensión del reto a afrontar: un 86% de la población gitana se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza, un 67% en situación de pobreza severa y un 46% en extrema pobreza. La tasa de pobreza infantil en la población gitana asciende al 89%.
Principales conclusiones
Los datos del Estudio evidencian la baja cobertura del IMV entre la población gitana, inferior a la estimada para el conjunto de la población en situación de pobreza. El IMV solo llega al 29% del total de la población gitana potencialmente beneficiaria que cumple los requisitos, en comparación con el 35% de la población general en exclusión social, según la estimación ofrecida en el segundo informe de la AIREF (2023). Además, la tasa de non take up (quiénes, cumpliendo los requisitos, no acceden a la prestación), entre la población gitana es del 71%, muy por encima del 58% para el conjunto de la población, de acuerdo con el 2º informe de la AIREF.
La falta de información, dificultades con la documentación a aportar, largos periodos de tramitación o la brecha digital, son algunas de las barreras que pone de relieve el Estudio para el acceso al IMV y que restan eficacia a un instrumento como éste. De ahí la importancia de la asistencia o el apoyo por parte de las administraciones públicas o de entidades del tercer sector, a la hora de solicitar y gestionar una prestación como el IMV. El Estudio demuestra que, con apoyos directos y adaptados a las circunstancias y perfiles de la población más vulnerable, el alcance y la cobertura de la prestación aumenta significativamente.
La baja cobertura del IMV, sumada a cuantías insuficientes para superar los umbrales de pobreza relativa, hacen que su impacto en la reducción de la pobreza sea débil. Si bien el Estudio demuestra con datos que el IMV no reduce la incidencia de la pobreza en la población gitana, pero sí su intensidad: contribuye más a superar la pobreza extrema, pero apenas afecta a la pobreza severa y, en ningún caso, saca del riesgo de pobreza.
Por otra parte, una renta mínima como el IMV es condición necesaria, pero no suficiente en la lucha contra la pobreza, por eso la propia legislación del IMV contempla mecanismos de activación asociados a la prestación. Sin embargo, el Estudio muestra que la actual configuración del desarrollo del IMV no garantiza la aplicación de medidas de activación que faciliten el acceso al empleo, o el apoyo social y educativo de las familias. El 82% de los perceptores del IMV no ha recibido apoyo para buscar empleo; sin embargo, un 74% aceptaría un empleo si se lo ofrecieran. Sólo al 12% de hogares con menores les han ofrecido apoyo educativo, y más del 95% lo ha aceptado. Esto supone, en definitiva, que el IMV no rompe el ciclo generacional de pobreza que afecta a la población gitana.