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20/11/2024
Nuestro país aún está lejos de cumplir plenamente con la Convención sobre los Derechos del Niño, a pesar de que existe un compromiso con los derechos de la infancia y la adolescencia. En septiembre de este mismo año, la Plataforma de Infancia viajó a Ginebra con una representación de entidades de infancia y de niñas, niños y adolescentes para compartir con el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas sus principales preocupaciones y propuestas sobre el cumplimento de los derechos de la infancia y la adolescencia en España.
Estas propuestas también se han trasladado al Gobierno español durante todo el año para situar a la infancia en el centro de la agenda política durante la XV legislatura. La aprobación de una ayuda universal para la crianza, la creación de Juzgados especializados en violencia contra la infancia o la transformación del sistema de protección y puesta en marcha de medidas efectivas para promover el acogimiento familiar; son algunos de los retos de cara a esta legislatura para avanzar en el pleno disfrute de derechos de las niñas, niños y adolescentes.
España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa más alta de pobreza infantil y uno de los pocos que no cuenta con una ayuda para apoyar a las familias en la crianza. “Nuestro país es poco eficaz en la lucha contra la pobreza infantil, las prestaciones sociales que existen actualmente sólo alcanzaron al 9,2 % de las niñas, niños y adolescentes en 2023 y tan sólo lograron reducir la tasa de pobreza en 5,9 puntos, cuando la media europea se aproxima a los 14 puntos”, señala Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia.
En lo referente al sistema de protección, la Plataforma de Infancia destaca que más de 17.000 niñas y niños viven y crecen en recursos residenciales; de ellos más de 1.000 tienen menos de 6 años, a pesar de que todas las recomendaciones internacionales y nuestra ley establecen que deberían vivir con una familia. “Nos encontramos ante un sistema de protección que no prioriza la prevención de la separación ni el acogimiento familiar”, apunta Ibarra. “Por eso, pedimos poner en marcha medidas efectivas para garantizar un cuidado alternativo de calidad y que garantice los derechos de la infancia, como por ejemplo que ningún niño o niña de 0 a 6 años viva en un centro residencial«, añade.
Además, la Plataforma de Infancia muestra su preocupación sobre la situación insostenible de muchas niñas y niños no acompañados que llegan a nuestras costas. La saturación de algunos sistemas de protección y la falta de mecanismos de solidaridad interterritorial impiden que se garanticen sus derechos. “Se vulneran sus derechos imponiéndose las políticas migratorias a las de protección. Lo que pedimos, entre otras medidas, es que se dé una respuesta basada en las responsabilidades compartidas de las diferentes administraciones que ponga el interés superior de los niños y las niñas en el centro y que garantice el acceso individualizado al sistema de asilo”, indica Ibarra.
Por último, la Plataforma de Infancia señala la necesidad de crear entornos seguros y libres de violencia para la infancia y la adolescencia tal y como marca la LOPIVI, especialmente en el ámbito educativo y de ocio y tiempo libre, teniendo en cuenta que al menos un 20 % sufre algún tipo de violencia sexual antes de cumplir los 18 años. Además, es necesario que, siguiendo el mandato de la LOPIVI, la especialización de los Juzgados para niñas y niños víctimas de violencia que ahora mismo se encuentra la última fase aprobación, sea lo más garantista posible para evitar su victimización secundaria.
“Es urgente abordar estas y otras cuestiones que continúan apelando a los Poderes Públicos, y a toda la sociedad, para poner en marcha políticas públicas eficaces que pongan a la infancia en el centro”, concluye Ibarra.
Más información
⇒ Posicionamientos de la Plataforma de Infancia