El CERMI plantea a Hacienda la necesidad de revisar la normativa sobre desindexación y contratación pública para que no perjudique al tercer sector

- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al ministerio de Hacienda la necesidad de revisar la vigente regulación legal para que las entidades de iniciativa cívica del tercer sector queden excluidas de la aplicación de la normativa de desindexación cuando operen como proveedores de servicios sociales para grupos vulnerables.

16/12/2024

Así lo ha expuesto el CERMI en una reunión mantenida esta semana con la Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda, centro directivo que tiene atribuido el seguimiento de las cuestiones relativas a contratos del sector público, en la que se insta a su ministerio a tomar conciencia de esta grave situación y a actuar política y normativamente para solventarla.

En la reunión el CERMI hizo entrega de un amplio informe descriptivo de la repercusión negativa que la legislación sobre desindexación, con conexión con la de contratación pública, está teniendo en la iniciativa social.

Las disposiciones vigentes sobre desindexación están generando severos problemas a las entidades sociales que presentan servicios sociales por delegación de las Administraciones Públicas, regulados por la legislación de contratación pública, ya que impide actualizar el coste de los servicios de acuerdo con el incremento de la inflación, del coste de los suministros o para hacer frente al impacto salarial de la negociación colectiva.

Esta limitación hace que las entidades sociales incurran en elevadas pérdidas económicas que comprometen su sostenibilidad financiera y hasta su propia continuidad, con el riesgo de que colapsen apoyos sociales esenciales.

Esta reunión con Hacienda ha tenido lugar después de otras anteriores sostenidas con el Ministerio de Economía, responsable de la política económica, al que se propuso esta misma demanda, que se excluya al tercer sector por razón de interés social de la normativa de desindexación, interpretando y aplicando aunadamente esta regulación con la de contratación pública, que así lo permite.

El CERMI, junto con la Plataforma del Tercer Sector, está desplegando una estrategia de incidencia política para cambiar el marco regulador de la desindexación y la contratación pública a fin de evitar que se irroguen prejuicios irreparables a la iniciativa social.