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16/01/2025
El 18 de enero de 2024 será recordado en los libros de Historia como el día en el que el texto de la Constitución Española puso por escrito la existencia de las personas con discapacidad. Más de 4 millones de españoles y españolas, casi un 10% de la población del país, tienen reconocida alguna discapacidad. Y, sin embargo, han tenido que pasar 20 años de reivindicación del movimiento asociativo de la discapacidad para que las fuerzas parlamentarias se pusieran de acuerdo y aprobaran, con una abrumadora mayoría de los votos del Congreso, la reforma del artículo 49 de la Carta Magna.
Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España, pone en valor el hito conseguido por el movimiento asociativo de la discapacidad, liderado por el CERMI. “Todo el mundo nos decía que la modificación de la Constitución era una misión imposible. Pero las organizaciones de la discapacidad volvimos a demostrar que las discrepancias ideológicas de los partidos representados en el Parlamento español desaparecen cuando se les pide un acuerdo en favor de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias”, explica Laucirica.
Por su parte, Paloma Chico, madre de una persona con discapacidad intelectual y miembro de la Junta Directiva de Plena inclusión Madrid, espera que cambie la forma de ver a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. “Al final, sólo se trata de una cuestión de dignidad, de llamar a las personas como corresponde y proteger sus derechos», dice.
Mucho más que palabras
Pero la reforma de la Constitución, además de eliminar de su texto el término insultante de “disminuidos” y sustituirlo por el de “personas con discapacidad”, también incluyó una declaración de intenciones que, según Plena inclusión España, debería plasmarse en hechos que refuercen derechos “en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas”, tal y como reza la nueva redacción.
En concreto, el artículo 49 dice: “Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para el ejercicio de derechos que refuercen dicha libertad e igualdad”. Y luego añade: “Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. (…) Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”. Por eso, desde la confederación que agrupa a 950 asociaciones y gestiona 4.000 centros y servicios en toda España se pide que las administraciones públicas y los poderes del Estado respalden con leyes y medidas de apoyo cierto la declaración de intenciones que contiene el nuevo artículo 49.
Carmen Laucirica subraya la trascendencia de estas palabras. “Defendemos el acierto que se ha tenido al poner el foco en la protección de las mujeres y menores con discapacidad. Porque, mires las estadísticas que mires, las personas con discapacidad intelectual siempre aparecen como el grupo más vulnerable y castigado por la desigualdad. Y, dentro de dicha vulnerabilidad extrema, las mujeres y las niñas con discapacidad intelectual se sitúan entre quienes menos oportunidades tienen para acceder a una igualdad efectiva”.
Para Maribel Cáceres, miembro de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y vicepresidenta de Plena inclusión España, “estamos ante una gran oportunidad de impulsar la plena inclusión social millones de personas con discapacidad, entre las que nos encontramos casi 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y nuestras familias”.