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20/02/2025
El lunes 24 de febrero se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio oral en el caso de un hombre acusado de discurso de odio antigitano tras proferir comentarios de extrema gravedad del tipo de “A la cámara de gas y hacer jabón con ellos”.
La Fundación Secretariado Gitano (FSG) se personará para ejercer la acusación al considerar que se trata de “un caso de manual del tránsito de los prejuicios hacia la violencia”, en palabras de la directora general de la entidad, Sara Giménez. En la concatenación de acontecimientos, considera que “se perciben patrones discriminatorios por desgracia muy frecuentes todavía a día de hoy en España”.
El caso se remonta a 2020 por una denuncia falsa por robo en Aranjuez de una perra terapéutica llamada Pocahontas que, dos días después, debía ser entregada a una niña de Málaga con diversidad funcional. El adiestrador denunció ante la Policía que “había sido atracado en la calle a punta de pistola por cuatro hombres gitanos que descendieron de una furgoneta blanca”, según contó con todo lujo de detalles y lágrimas en los ojos ante un equipo de televisión. Días más tarde la perra fue encontrada en casa del adiestrador, quien había inventado la historia con el objetivo de venderla. Incluso después de este hallazgo siguieron publicándose versiones que insistían en la hipótesis de la autoría gitana.
El suceso recibió una amplia atención mediática[1] y motivó una oleada de mensajes antigitanos en las redes sociales. De especial gravedad fueron los contenidos que se publicaron en el foro Burbuja.info, una web que, en enero de 2025, recibió algo más de 3,5 millones de visitas, según la plataforma SimilarWeb. Varios comentarios, ampliamente jaleados por el resto de usuarias y usuarios, defendían abiertamente el asesinato de las personas gitanas. Los mensajes de mayor violencia habían sido escritos desde locutorios o resultaba imposible identificar la autoría de manera inequívoca, salvo en un caso. La acusación se dirigió contra este usuario después de que el peritaje informático identificara la IP de su ordenador.
La Fundación Secretariado Gitano ha solicitado para este acusado una pena de prisión de dos años y seis meses, más una pena de multa de diez meses a razón de 60 euros diarios. “Los mensajes de odio antigitano no pueden quedar impunes”, argumenta Sara Giménez. En primer lugar, porque “fomentan actitudes de discriminación contra las gitanas y gitanos”. Además, advierte, “tienen un impacto inmediato en muchas personas gitanas, provocando en ellas sentimientos de ansiedad, miedo o señalamiento”. Además, “las plataformas de internet y las redes sociales tienen que asumir también su responsabilidad: no pueden convertirse en espacios donde se propague el odio contra determinados colectivos. Así lo establecen numerosos convenios internacionales suscritos por España y la propia normativa de la UE”, recuerda la directora general de la FSG. Se genera así un círculo vicioso que “produce desconfianza de las víctimas hacia la justicia, genera infradenuncia y provoca más impunidad”.
Apelación a la responsabilidad directa de los medios de comunicación
En la valoración de este caso, desde la FSG se considera que la respuesta de la justicia penal es necesaria pero no suficiente. Se trata de una acción de último recurso que debe llevarse a cabo mientras se combaten también los prejuicios antigitanos.
Sara Giménez pide en particular a los medios de comunicación “un ejercicio de reflexión sobre su especial responsabilidad. Cuando, en las noticias de sucesos como la de este Caso, se señala y enfatiza la condición étnica de una persona, “este rasgo no aporta ningún valor informativo a la noticia y, en cambio, sí se está señalando a toda una comunidad”.
La “mala práxis periodística” de algunos medios resulta evidente en el tratamiento mediático del supuesto robo de la perra Pocahontas. Primero, se presenta un relato con fuerte carga emotiva (una niña con diversidad funcional a la que se le priva de su perra terapéutica) para, a continuación, señalar como culpables a miembros de la etnia gitana, acusación que se afianza sobre clichés y estereotipos negativos ampliamente extendidos entre la población, lo que se utiliza para hacer creíbles esos relatos y, a la vez, reforzar los prejuicios.
“Todo el mundo, pero de manera especial los medios de comunicación, deben ser más críticos y no servir de altavoz a estos prejuicios”, pide Sara Giménez. “Cada vez que se lanzan estos mensajes, la consecuencia es que va a haber más personas gitanas a las que se señala, más personas gitanas a las que se discrimina, más personas gitanas contra las que se ejerce violencia”.
Litigios estratégicos para contribuir a la defensa de los derechos fundamentales
Este caso es fruto de la línea de trabajo de litigio estratégico que desarrolla la Fundación Secretariado Gitano, con la que persigue sentar jurisprudencia e impulsar la aplicación de la ley en casos emblemáticos de discriminación y antigitanismo para generar cambios positivos en el disfrute de derechos por parte de las personas gitanas. En el juicio, la Fundación estará representada por Pastora Filigrana, abogada gitana con una muy amplia trayectoria de trabajo en la defensa de los derechos humanos.
[1] Ver, por ejemplo: