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13/03/2025
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para abordar el aumento del gasto en defensa que se está debatiendo en la Unión Europea, frente al actual panorama político internacional.
A esta situación se suma la incertidumbre económica y social por las medidas impulsadas por la Administración de Trump en EEUU, que ponen en riesgo los avances en materia de derechos y el proceso de recuperación en Europa tras las sucesivas crisis de los últimos años.
Justo hace un mes, el pasado 14 de febrero, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) publicó el Avance de Resultado de su XV Informe ‘El Estado de la Pobreza’. El estudio reflejaba una mejora de las cifras de pobreza y/o exclusión social como consecuencia de las políticas del Escudo Social impulsados por la UE, el Gobierno central y las Comunidades Autónomas tras la pandemia de 2020.
Esta estrategia puso en evidencia cómo frente a las situaciones de crisis, la salida debe ir por la senda de derechos, al contrario de la vía de recortes en inversión social de 2008. Sin embargo, pese a tener los mejores datos en diez años, al menos una de cada cuatro personas en nuestro país se ha mantenido en riesgo de pobreza y/o exclusión social en la última década, estando aún muy alejados de los compromisos internacionales adquiridos en el marco de la Agenda 2030.
EAPN-ES insiste en que las altas y constantes tasas de pobreza y exclusión evidencian un problema profundo y estructural, que afecta en mayor medida a familias con menores, mujeres, jóvenes, migrantes o personas con discapacidad, que empeoran de forma muy preocupante en momentos de crisis, y no mejoran de forma paralela con los datos macroeconómicos.
El actual contexto internacional, marcado por el segundo mandato de Donald Trump, sus políticas arancelarias, y su postura frente a la guerra en Ucrania dejan un panorama de incertidumbre económica, política y social que afectará en mayor medida a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. A esto se suman los efectos de la desinformación y el aumento de los discursos de odio, que ponen su foco sobre todo en las personas migrantes, y atentan contra sus derechos y su seguridad.
La Unión Europea surgió como un proyecto democrático de paz y cohesión social, que durante décadas ha supuesto un faro en lo referente a políticas sociales y defensa de los derechos humanos. La Gran Recesión de 2008 demostró que el recorte en inversión social solo revierte en el empeoramiento de las condiciones de vida de la población, y en última instancia, en la propia recuperación económica de los países de la UE.
NECESITAMOS UN ESCUDO SOCIAL ESTRUCTURAL
Las reuniones del presidente del Gobierno con las diferentes formaciones parlamentarias coinciden con los cinco años de la declaración del Estado de Alarma frente a la pandemia de COVID-19.
Las políticas sociales impulsadas frente a la emergencia sanitaria revelaron su eficacia en la reducción de las cifras de pobreza, exclusión social y desigualdad. De hecho, el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN-ES, publicado el año pasado, ya recogió el papel protector del Estado: si se hubiesen eliminado todas las ayudas y prestaciones en 2023, 10,8 millones de personas en todo el país habrían entrado en situación de pobreza.
En este sentido, desde EAPN-ES muestran su preocupación por el carácter temporal de las iniciativas incluidas en el Escudo Social, encaminadas específicamente a personas en situación de vulnerabilidad, y piden que la pobreza y la exclusión social sean abordadas con medidas estructurales de mayor intensidad y alcance, que no se vean afectadas -y mucho menos recortadas-, por el marco político actual.
El contexto internacional está planteando riesgos para la paz, la recuperación económica y la supervivencia de los valores democráticos. Frente a esta situación, desde la Red piden a las diferentes formaciones políticas una apuesta firme por aumentar y profundizar en las políticas sociales, como medida de protección de los colectivos en situación más vulnerable y garantía del Estado de Bienestar para todas las personas.
“Las medidas impulsadas frente a las últimas crisis han supuesto una vía de contención, ahora toca acelerar para erradicar de forma efectiva la pobreza. En materia de derechos sociales y en calidad de vida, no cabe ningún margen de retroceso a ningún nivel competencial”, señalan desde la entidad.